México vuelve a quedar exhibido por los resultados de la prueba PISA, una evaluación que revela el profundo deterioro de los aprendizajes y la incapacidad de las autoridades para garantizar una educación básica sólida. Aunque la afirmación de que el país ocupa exactamente el penúltimo lugar debe verificarse según el área evaluada, el año y los países participantes, el dato central es innegable: México se encuentra entre los desempeños más bajos y permanece muy lejos de los estándares internacionales.

El problema no puede reducirse a una cifra ni atribuirse únicamente a los estudiantes o a los docentes. Los resultados reflejan décadas de abandono, desigualdad, escuelas sin infraestructura suficiente, falta de apoyo profesional y políticas educativas improvisadas. También cuestionan la calidad de los materiales escolares impulsados durante la actual administración. Los libros de texto gratuitos coordinados por Marx Arriaga han sido señalados por especialistas, docentes y familias por presuntos errores de contenido, deficiencias pedagógicas y falta de consenso en su elaboración.

La prueba PISA no es perfecta ni puede medir por sí sola toda la realidad educativa, pero ignorar sus resultados o descalificarlos por razones políticas sería una irresponsabilidad. Cuando un país aparece sistemáticamente en los últimos lugares, el problema no es la evaluación: es un sistema que no está logrando que millones de estudiantes comprendan lo que leen, resuelvan problemas matemáticos o interpreten fenómenos científicos.

México no necesita propaganda ni discursos triunfalistas; necesita reconocer el fracaso, transparentar las cifras y aplicar una estrategia educativa seria, con inversión, formación docente, infraestructura digna y materiales revisados por especialistas. Mientras las autoridades sigan evadiendo responsabilidades, el penúltimo lugar —sea cual sea la clasificación exacta— será apenas el síntoma visible de una crisis mucho más profunda.